Otro intendente salteño podría ser condenado luego de que la Justicia anule su absolución.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un giro determinante en la causa por el robo de rieles en el norte de Salta. La Sala IV anuló la absolución del exintendente de Morillo, Atta Miguel Gerala, y lo declaró penalmente responsable.
Con este fallo, el tribunal revirtió la resolución que había emitido en abril el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta. Por lo tanto, la Justicia ordenó realizar una audiencia específica para fijar la pena de prisión que deberá cumplir el exjefe comunal.
Contrabando y robo agravado: los argumentos de la condena
La decisión del tribunal de alzada se adoptó por mayoría con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia.
Los magistrados consideraron a Atta Gerala partícipe necesario de los siguientes delitos:
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Contrabando agravado: Debido a la cantidad de personas involucradas, el alto valor de los bienes y su condición de funcionario público.
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Robo agravado: Cometido en despoblado y en banda (en concurso real).
Por este motivo, la Oficina Judicial de Salta recibió la instrucción de organizar la audiencia donde se fijará la condena definitiva.
El reclamo de la Fiscalía y la valoración de las pruebas
La resolución responde al recurso presentado por el fiscal general Eduardo Villalba y respaldado ante Casación por Raúl Pleé. Ambos fiscales cuestionaron que el tribunal salteño aplicara el beneficio de la duda al exigir pruebas directas, en lugar de analizar el conjunto de indicios de corrupción.
En consecuencia, la mayoría del tribunal superior coincidió en que los jueces de primera instancia omitieron valorar de forma integral los elementos recolectados durante las investigaciones.
Etapa final en la causa por la sustracción de rieles
Cabe recordar que la causa por la sustracción de rieles del ferrocarril ya cuenta con otros condenados en el norte provincial. Entre ellos figuran un hijo del propio exintendente —mediante un acuerdo abreviado— y un jefe policial procesado por cohecho.
Con esta resolución de Casación, el proceso judicial entra en su etapa final para definir la pena del exfuncionario ante los estrados federales.